First published at 04:00 UTC on February 28th, 2021.
En Febrero de 2010 el Fiscal de Menores de las Islas Baleares, José Diaz Cappa visitó el centro de menores Puig d´es Bous. Durante esta visita grabada en video, el Fiscal y la directora del centro comentan abiertamente como la mayoría de niños retir…
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En Febrero de 2010 el Fiscal de Menores de las Islas Baleares, José Diaz Cappa visitó el centro de menores Puig d´es Bous. Durante esta visita grabada en video, el Fiscal y la directora del centro comentan abiertamente como la mayoría de niños retirados de sus familias lo han sido por motivos económicos, " ... padres que se han quedado sin trabajo ".
En Diciembre del mismo año, el entonces director ejecutivo de Protección al Menor y Atención a la Familia del IMAS (Institut Mallorquí d´Afers Socials) afirma en declaraciones al diario El Mundo, que dicha institución no retira más de 200 menores al año, que en esos momentos el IMAS tiene 330 niños y jóvenes de 4 a 18 años en centros de protección y ninguno de 0 a 3 años en esos centros.
Sin embargo en el video de la visita del fiscal a Puig d´es Bous se ven niños menores de 4 años internados y la directora informa que en un mes han pasado 119 niños solo por ese centro. Parece difícil de creer que en los 11 meses siguientes solo se asumiera la tutela de 63 niños más, hasta los 192 de las cifras oficiales.
Cinco años más tarde, en noviembre de 2015 el IMAS afirmaba tutelar a más de 1200 niños y jóvenes, sin dar una cifra exacta ni proporcionar informes precisos al respecto. Debido a la falta de transparencia de la Administración, los datos resultan dificilmente contrastables.
A pesar de que en el mismo año 2015 se introducen modificaciones en la "ley de protección a la infancia" para afirmar que "La situación de pobreza de los progenitores no podrá ser tenida en cuenta para la valoración de la situación de desamparo", sigue siendo una de las principales vulnerabilidades que los servicios sociales explotan para arrancar a los niños de sus familias. Una situación aberrante e intolerable, especialmente cuando, como explica la abogada y magistrada Elena Rábade, las administraciones reciben de inicio 68000 euros por cada nueva tutela y mensualmente de 4000 a 9000 euros por niño.
#StopSecuestroLegal #LosNiñosNoSeTocan
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